La integridad de la contratación pública es la herramienta para la lucha eficaz contra la corrupción y el fraude.
Esta realidad obliga a una aplicación correcta y uniforme de la legislación, especialmente en casos de adjudicaciones directas mediante el uso de los contratos menores.
El contrato menor, definido por su cuantía y su duración anual, es una figura caracterizada por la agilidad en su tramitación, pero también por ser generador de irregulares, habida cuenta su abusiva utilización, que aconseja una uniformidad en la interpretación de sus requisitos.
Tarea compleja por la diversidad de posicionamientos, incluso contradictorios, que han sido vertidos por parte de los distintos órganos consultivos.
Arrojar luz y uniformidad al respecto, es el objeto de esta obra, que logra la unidad, claridad y seguridad que sobre esta materia necesita la contratación administrativa en particular y la correcta gestión pública en general.
